La Ley 26.122 de Argentina regula el trámite y el alcance de la intervención del Congreso de la Nación sobre los decretos dictados por el Poder Ejecutivo. Esto incluye los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.
Con la Ley n° 26122 ambas cámaras deben rechazar los decretos para lograr su derogación; el proyecto actual estipulaba que los decretos se considerarán aprobados cuando ambas cámaras lo dispongan por mayoría de los presentes y en el plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
¿Cuándo se dicta un decreto de necesidad y urgencia?
¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Es el que emite el Presidente cuando existen circunstancias excepcionales que impiden seguir el procedimiento de sanción de las leyes establecido en la Constitución Nacional.
Un decreto ley es una norma con rango de ley que el Gobierno (Poder Ejecutivo) dicta de forma excepcional en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad, sin esperar a que el Poder Legislativo tramite una ley ordinaria.
La presente ley tiene por propósito modificar el Código del Trabajo en lo referido al pago de feriado proporcional e indemnizaciones por término de contrato o despido justificado para trabajadores que ejercen labores en la modalidad de trabajo por obra o faena, y que celebren contratos a contar del 1 de enero de 2019.
COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE DE TRÁMITE LEGISLATIVO LEY 26.122 22-02-17
¿Cuáles son los 3 tipos de indemnización laboral?
Las indemnizaciones laborales se dividen principalmente en tres tipos según la legislación laboral: por despido injustificado (o improcedente), por causas objetivas (despido justificado) y por fin de contrato (liquidación).
¿Cuál es el tope máximo de indemnización por despido?
El tope máximo de indemnización legal varía según el tipo de despido y la antigüedad en el contrato (con la legislación aplicable en España como referencia principal):
Un "decreto" denota una resolución final entre las partes y contra la cual cabe una apelación, pero solo cuando un litigio se resuelve completamente, entonces se produce un decreto final; Bikoba Deora Gaikward v. Hirabai Marutirao Ghoragare, MANU/SC/2540/2008: (2008) 8 SCC 198.
Es una norma con rango de ley aprobada por el Gobierno en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Su aplicación es inmediata y debe ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días. Un ejemplo de real decreto-ley sería la aprobación de medidas económicas durante una crisis sanitaria.
¿Qué cubre la Ley de Urgencia? La Ley de Urgencia garantiza que te atenderán de forma inmediata en situaciones de emergencia con riesgo de muerte o riesgo de secuela grave. Fonasa o Isapre, según corresponda, pagarán las atenciones de salud en situaciones de emergencia hasta tu estabilización.
¿Qué es el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de Javier Milei?
El Decreto de Necesidad y Urgencia 2023-70-APN-PTE también denominado «Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina» es un DNU emitido el 20 de diciembre de 2023 por el gobierno de Javier Milei y actualmente vigente. El mismo está firmado en pleno por el jefe de Gabinete y los nueve ministros del gobierno.
El Artículo 42 varía drásticamente dependiendo del país y el código específico al que te refieras. A continuación, se detallan las normativas más destacadas:
El significado del artículo 72 depende del país al que te refieras. Dado que es una de las normativas más comunes, aquí te detallo lo que establece en las jurisdicciones principales:
¿Cuándo entra en vigencia un decreto de necesidad y urgencia?
En lo atinente a la sanción de leyes, el artículo 78 requiere la aprobación del proyecto por ambas Cámaras y, además, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, mientras que el DNU tiene plena vigencia a partir de su publicación.
El decreto tiene efectos regulatorios o de cumplimiento, emitidos con base en el artículo 84, IV de la Constitución Federal, para la aplicación fiel de la ley, es decir, el decreto detalla la ley. No poder ir en contra o más allá de la ley.
Existen tres tipos de decretos: decreto preliminar, decreto definitivo y decreto parcialmente preliminar y parcialmente definitivo. Un decreto puede ir acompañado de una orden judicial. El decreto contiene el resultado del litigio y determina de manera concluyente los derechos de las partes respecto de las cuestiones en disputa.
Por tanto, los decretos son una decisión de la autoridad judicial que resuelve algún trámite procesal. Este tipo de decisiones son dictadas durante un procedimiento tanto civil como penal, pero no ponen fin al proceso ni resuelven el procedimiento plenamente, como si lo puede hacer un auto o una sentencia.
En este sentido, no deben contradecir a las leyes vigentes en ninguno de sus enunciados. Siempre prevalecerá lo que dice una ley por encima de lo que diga un decreto.
Un decreto es una orden dictada por un juez que resuelve los asuntos de un caso judicial. Si bien un decreto es similar a una sentencia, difiere en algunos aspectos clave: históricamente, los tribunales de equidad, almirantazgo, divorcio o sucesiones podían dictar decretos, mientras que un tribunal de derecho común dictaba sentencias.
Decretos: Tienen un rango normativo superior a las órdenes ministeriales, ya que pueden desarrollar aspectos de leyes y están sujetos a un mayor control.
Los 45 días de indemnización por año trabajado se cobran exclusivamente por los periodos de antigüedad previos al 12 de febrero de 2012 en casos de despido improcedente.
¿Cuánto es la indemnización por despido para un empleado con 10 años de antigüedad?
Indemnización básica por despido
Veinticinco por ciento del monto que de otro modo sería aplicable por cada 3 meses completos de servicio acreditable más allá del último año completo (donde el monto que de otro modo sería aplicable es 1 semana de salario base si el servicio total es inferior a 10 años y 2 semanas de salario base si el servicio total es superior a 10 años).
¿Qué pasa si una empresa te despide sin justa causa?
Si te despiden injustificadamente, tienes derecho a impugnar la decisión y exigir una compensación legal. En la mayoría de los países hispanohablantes, esto te permite elegir entre recibir una indemnización económica o exigir la readmisión en tu puesto de trabajo.